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Transportistas exigen al gobierno aprobar un aumento a $16 pesos del pasaje, justificándolo por los combustibles, usuarios demandan mejoras en seguridad
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La discusión por el posible incremento en la tarifa del transporte público en el Estado de México ha encendido el debate entre concesionarios y usuarios.
La Asociación de Conductores y Movilidad Estatal (ACME) solicitó de manera formal al gobierno estatal un ajuste de cuatro pesos, lo que elevaría el pasaje mínimo de $12 a $16 pesos.
De acuerdo con la agrupación, el incremento es indispensable para enfrentar el alza sostenida en combustibles, lubricantes, refacciones, seguros y mano de obra.
“No pedimos lujos, pedimos lo justo para mantener las unidades y garantizar un servicio seguro”, señalaron representantes de ACME, advirtiendo que sin este ajuste sería insostenible seguir operando en condiciones óptimas.
Pero la propuesta ha generado un rechazo frontal entre los usuarios. Organizaciones como No al Tarifazo EdoMéx acusan que, pese a aumentos anteriores, no ha habido mejoras tangibles en el servicio.
“Desde el último incremento prometieron seguridad, choferes capacitados y unidades modernas, pero seguimos viajando en camionetas destartaladas, sin vigilancia y a merced de asaltantes”, denunció María López, vecina de Toluca y usuaria diaria.
La inconformidad no se limita a quejas en redes sociales. El colectivo ha convocado a una manifestación masiva el próximo 17 de agosto en el centro de Toluca, con el objetivo de presionar al gobierno estatal para que frene la aprobación del alza. En volantes y mensajes digitales, los organizadores acusan que el transporte público mexiquense “cobra como de lujo y opera como de tercera”.
Vecinos de municipios como Metepec, Zinacantepec y Lerma han mostrado su respaldo a la protesta, asegurando que los incrementos “castigan” a las familias sin garantizar un mejor servicio.
El gobierno estatal, por su parte, ha mantenido hermetismo sobre la decisión final, aunque trascendió que la Secretaría de Movilidad, ya tenía un estudio preliminar para actualizar tarifas antes de que estallara la polémica. Ahora, la presión social podría frenar o modificar el ajuste.
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