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Bonifacia, mujer mazahua de 68 años, recuperó su libertad tras 3 años y 7 meses en prisión por un homicidio en defensa propia, tenía una
condena de 8 años
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Bonifacia “N”, una mujer mazahua de edad avanzada, sin estudios y en situación de pobreza extrema, salió este lunes del penal de Santiaguito, después de pasar tres años y siete meses privada de su libertad.
Su historia expone las grietas de un sistema de justicia que sigue castigando con más dureza a quienes menos recursos tienen para defenderse.
En 2021 fue condenada a ocho años y nueve meses por homicidio simple, pero el fallo se dictó sin que contara con un traductor que le explicara el proceso en su lengua materna.
Tampoco se tomaron en cuenta testimonios ni pruebas que demostraban años de violencia física, sexual y patrimonial ejercida por su pareja. “Era víctima de agresiones constantes y de celos enfermizos; el día de los hechos actuó en defensa propia”, explicó el magistrado Arturo Márquez, integrante de la Sala de Asuntos Indígenas.
La indignación recorre su comunidad. “¿Cómo puede ser que una señora que apenas entiende español termine presa, mientras los agresores caminan libres?”, cuestiona Rosa Martínez, comerciante local.
Otros vecinos lamentan que el Estado, en lugar de protegerla, la revictimizó: “Primero no la defendieron de la violencia y después la condenaron por defenderse”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna García Morón, señaló que no es un caso aislado: hay otros procesos detenidos porque las familias no pueden cubrir la reparación del daño.
“Es inaceptable que la libertad dependa de cuánto dinero tengas”, criticó Juan Pérez, abogado defensor de derechos humanos.
Aunque el presidente entrante del Tribunal Superior de Justicia, Hugo Águila Ortiz, calificó la amnistía como “un acto de justicia social” y prometió reformas, activistas advierten que los cambios deben ser profundos.
“No basta con liberar a una cada tres años; hay que garantizar traductores, defensores capacitados y juicios justos para todas las personas indígenas”, exigió Laura Méndez, del Centro de Derechos Indígenas.
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