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Son acusados de lavado de dinero, desvío de recursos y corrupción, sin embrago, siguen sin rendir cuentas a la justicia
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Un grupo de exmandatarios que conformaron el bloque del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la revolución Democrática (PRD) siguen en impunidad pese a las acusaciones por corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito que pesa sobre ellos, la constante es que en algunos de los casos, las carpetas de investigación no siguen su curso.
Recientemente, el exmandatario de Michoacán, quien se encuentra prófugo de la justicia mexicana, Silvano Aureoles, solicitó un amparo para acceder a la carpeta de investigación con que cuenta, ya que es acusado con 15 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de más de 5 millones de pesos los cuales estaban destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal en diversos municipios del estado como Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Apatzingán, Huetamo, Jiquilpan, Zitácuaro y Uruapan y daños al erario por más de 5 mil millones de pesos. Desde marzo cuenta con ficha roja de la Interpol según aseguró el gobierno estatal.
El caso de César Duarte es el último de impunidad para un exmandatario emanado del priísmo, ya que fue absuelto de adquirir 50 propiedades en Estados Unidos toda vez que el gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, no presentó las pruebas suficientes para que el tricolor fuera procesado. De hecho, se le vio festejando que la autoridad judicial no decidió proceder en su contra.
El caso de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas es acusado de formar parte del crimen organizado y por lavado de dinero en favor del Cartel del Golfo, y aunque cuenta con dos órdenes de aprehensión por parte de la FGR no han procedido al verse beneficiado por las autoridades judiciales.
Mientras que el también panista exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, sigue abierto su proceso imputado de adjudicar terrenos estatales que incluían reservas naturales a prestanombres en ventas subvaluadas, con un daño al erario estimado en 900 millones de pesos.
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