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Por Salvador Guerrero Chiprés
La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de empresas y gobiernos a nivel mundial. Ya no se trata de una amenaza abstracta o exclusiva de agencias especializadas, sino de una condición estructural para la estabilidad institucional, seguridad urbana y soberanía tecnológica.
Ante la sofisticación de los ataques y la multiplicación de dispositivos conectados, es indispensable la existencia de sistemas capaces de detectar, contener y responder a intrusiones en tiempo real.
El informe del FBI divulgado la semana pasada sobre un supuesto hackeo a cámaras de la Ciudad de México —que no menciona al C5 ni aclara si trata de equipos privados o públicos— en 2018, correspondiente al último año de la administración de Miguel Ángel Mancera, por un grupo del crimen organizado, revela la necesidad de hablar de la ciberseguridad de los sistemas públicos en contextos urbanos.
El ecosistema del C5, el centro neurálgico de la videovigilancia, cuenta con acceso con controles estrictos capaces de mitigar el riesgo de intrusión de ciberdelincuentes, en un modelo de fortalecimiento a la ciberseguridad desde la ADIP, impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. A la fecha no hay un solo reporte de intromisiones.
Es interesante observar a una capsulita de la oposición desesperada e irritada tratando de situar en el presente un daño localizado hace siete años por el propio FBI. Un pasado del cual serían responsables algunos integrantes de la derrotada alianza opositora del 2018 y el 2024.
Los gobiernos no pueden asumir la vigilancia digital como extensión de la física. Se trata de una dimensión autónoma y en la cual es una fortuna que el gobierno de Brugada y la iniciativa privada estén comprometidos conjuntamente hoy.
Es una buena noticia para la CDMX el trabajo de profesionales de 29 instancias fortaleciendo al C5.
