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MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
Habitantes de distintas comunidades de Lerma han denunciado insistentemente la existencia de tala clandestina en áreas forestales protegidas, particularmente durante el gobierno encabezado por el alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien niega sistemáticamente que haya actividad ilegal, asegurando que toda extracción es producto de aprovechamientos autorizados.
A pesar de la postura oficial de Ramírez Ponce, medios locales han documentado bloqueos y protestas de colonos del Bosque Otomí, Salazar, Santiago Analco, Santa María Atarasquillo y San Mateo, donde pobladores denuncian la presencia de talamontes armados.
En abril de 2025, residentes bloquearon la autopista México–Toluca para exigir freno a la deforestación clandestina.
Vecinos han señalado que, incluso en zonas con amparos vigentes, como Salazar y Analco, la tala continúa sin freno. Sin embargo, el gobierno municipal no ha dado a conocer cifras sobre denuncias formales presentadas ante la Fiscalía o autoridades ambientales federales, lo que evidencia una falta de transparencia y seguimiento por parte de la administración de Miguel Ángel Ramírez Ponce.
El alcalde ha reiterado que “todos los camiones madereros cuentan con permisos”, y que los operativos con Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, no han hallado irregularidades. No obstante, la acumulación de denuncias ciudadanas contradice esta versión.
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