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¿Protesta o chantaje?

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Por Juan R. Hernández

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha perdido el rumbo. Lo que alguna vez fue una organización que luchaba por reivindicaciones legítimas del magisterio, hoy se ha convertido en una maquinaria de presión que parece más interesada en el protagonismo político que en el bienestar educativo. Su más reciente anuncio de que *ya no boicotearán las elecciones del 2 de junio* no responde a un acto de madurez democrática, sino al repudio popular que sus acciones han generado.

La CNTE acusa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reunirse con banqueros y no con ellos. ¿Y qué esperaban? ¿Que un gobierno deje de atender la estabilidad económica del país para escuchar a una cúpula sindical que se niega a dialogar sin condicionamientos?

El problema no es la falta de diálogo, sino la forma: chantajes, bloqueos, plantones y parálisis de la vida pública no pueden seguir siendo el modus operandi de un movimiento que se dice del lado del pueblo, pero que lo afecta directamente y que ahora estaba coincidiendo con el discurso de grupos de derechistas que buscan a como dé lugar descarrilar la elección al Poder Judicial, que por cierto, ya se están documentando muchos abusos de jueces y magistrados salientes.

La CNTE sigue anclada en métodos del pasado, incluso más cercanos a la derecha que a la izquierda transformadora que dicen representar.

Y como si no fuera suficiente, ahora exigen que se les escuche “porque el gobierno está del lado del capital financiero”. ¿No es esa la misma narrativa que han explotado por décadas, sin renovarse ni reconocer los avances alcanzados desde 2018?

Por fortuna, el país ya no tolera los abusos. La ciudadanía exige educación de calidad, no paros indefinidos; diálogo, no bloqueos; progreso, no retroceso. Si la CNTE quiere ser escuchada, primero debe escuchar al pueblo.

Mientras tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsa proyectos de justicia territorial como el nuevo Cablebús Milpa Alta-Tláhuac —que conectará comunidades históricamente olvidadas y reducirá tiempos de traslado de una hora a ocho minutos— y será un alivio para miles de capitalinos.

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