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Juan R. Hernández
Por años, la Ciudad de México ha experimentado un crecimiento desbordado del parque de motocicletas. Lo que comenzó como una alternativa ágil y económica, hoy representa un desafío urgente para la seguridad vial, la salud pública y la sostenibilidad urbana. No se trata de estigmatizar, como bien lo ha aclarado la diputada Brenda Ruiz, sino de poner orden antes de que sea demasiado tarde.
Según datos oficiales, casi el 50% de las muertes por accidentes de tránsito en la capital son de motociclistas. Sólo en el primer semestre de 2024 murieron 118, con un promedio de cinco por semana. Las motocicletas también han sido protagonistas en delitos: seis de cada diez robos con violencia involucran una moto. El crecimiento de estas unidades es alarmante: más de 200% en una década, al pasar de 2.5 a 6 millones en todo el país.
La nueva Ley de Electromovilidad, que será presentada por el Gobierno capitalino al Congreso local, busca atender justamente este fenómeno. La norma no criminaliza, sino que introduce categorías como la movilidad y establece criterios para definir qué vehículos deben considerarse motorizados. Establece límites de peso y velocidad, prohíbe la circulación de motocicletas eléctricas en banquetas y ciclovías, y regula su uso con base en el riesgo que representan.
Sin embargo, Jesús Padilla de la AMTM, advierte que si no se actúa con urgencia, en 2040 las motos representarán el 70% del parque vehicular; mientras que la especialista en transporte, Viviana Tobón, desde Medellín, recuerda que allá se llegó tarde y hoy enfrentan 20 muertes de motociclistas al día, con una pérdida casi total del transporte público.
¿Queremos ese futuro? México aún está a tiempo de tomar decisiones firmes. La movilidad debe avanzar con responsabilidad, no con descontrol. Urge regular las motocicletas y fortalecer el transporte público. La ciudad no puede seguir cediendo terreno a un modelo que, aunque funcional para algunos, está colapsando lo colectivo.
