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Los candidatos podrán hacer uso de sus propios recursos para traslados, combustible, alimentación y hospedaje y quedará restringido recibir cualquier tipo de aportación
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibirá que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros se promuevan a través de anuncios espectaculares, en pintas de bardas, así como cualquier otro medio sobre la vía pública.
De acuerdo al proyecto presentado, los candidatos a contender en alguno de los puestos en diversos tribunales del país, podrán hacer uso de sus propios recursos para traslados, combustible, alimentación y hospedaje y quedará prohibido recibir cualquier tipo de aportación de recursos ya sea de índole pública o privada.
Aunque no quedará descartada en su totalidad la promoción de su imagen, ya que por medio de plataformas digitales, propaganda impresa, además de la exposición de su imagen, ya sea de forma impresa o por medio de redes estará permitida siempre y cuando sean los interesados quienes de su bolsa ejecuten los gastos.
En lo acordado hasta el momento, se ha establecido que terceros sí podrán hacer mención de los candidatos por medio de redes sociales, aunque para que ello se realice, las menciones no deberán ser mensajes pagados.
También se informó que los consejeros que forman parte de la Comisión de Fiscalización del máximo organismo electoral del país, sostendrán reuniones en privado las cuales servirán para determinar cómo serán las reglas que deberán seguir los aspirantes.
Cabe recordar que serán 5 mil 300 los contendientes a un puesto de juzgador los que se votarán el próximo 1 de junio, por lo que la fiscalización que hará el máximo órgano electoral de nuestro país será una labor compleja.
Los aspirantes estarán impedidos de realizar sorteos, rifas, solicitar donaciones o llevar a cabo cualquier otra dinámica para la captación de recursos, aunque el INE, subrayo, estará atento a cualquier movimiento financiero con tal de llevar una óptima vigilancia de los recursos, por lo que, de ser necesario, podrá requerir información sobre las cuentas o bienes personales e investigar la situación patrimonial de los cónyuges, las concubinas y dependientes económicos directos, con lo que se podría determinar la capacidad de gasto de los interesados.
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