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Guadalupe Chávez recibió un cargo en la Secretaría de Vivienda pese a que su familia esté siendo beneficiada en desarrollos
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- Para el gabinete ampliado del gobierno capitalino, la mandataria Clara Brugada, designó a políticos con un historial que cuestiona su desempeño en la función pública, como es el caso de Guadalupe Chávez Contreras, exdiputada del Congreso local señalada de nepotismo y de beneficiar a su familia en el desarrollo de complejos habitacionales a través de presuntas asociaciones civiles.
Desde finales de octubre pasó desapercibido el nombramiento de Chávez Contreras como la titular de la Coordinación General de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda. Esto indica que la nueva funcionaria tiene bajo su cargo hasta 11 mil 200 conjuntos habitacionales.
El nombre de Guadalupe Chávez resaltó durante las últimas dos legislaturas del Congreso de la Ciudad de México pues fue electa en los periodos 2018-2021 y 2021-2024, además de que le facilitó a su hermana Rosalba Chávez Contreras un cargo en el recinto legislativo sin tener la preparación necesaria; en este tiempo, fue señalada de beneficiar a sus familiares junto con su hermano Rodrigo Chávez era titular de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda (INVI).
Diputados de oposición destaparon en 2023 que la asociación civil Movimiento Urbano representada por su cuarta hermana, Esperanza Chávez Contreras, quien recibió hasta 50 millones de pesos para construir un proyecto de vivienda social en San Andrés Totoltepec.
Este monto fue aprobado por Rodrigo Chávez cuando estaba en el INVI, mientras que la entonces diputada de Morena hacia promoción de los proyectos de vivienda social, por lo que se señaló de uso político. El proyecto, además del tráfico de influencias, se trató de una construcción irregular, pues no cumplió los requisitos de factibilidad de servicios y agua, ni con la aprobación de la asamblea tradicional, incluso Contreras legisló para eliminar el requisito de consulta a los pueblos sobre obras de impacto en territorios originarios.
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