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Por Salvador Guerrero Chiprés
Operativo contra la piratería
En su primera lectura, el operativo en Izazaga encuentra íntima relación con el contexto de política internacional: una emergente respuesta implícita a las advertencias arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la presencia china en México.
Con más información se sabe de las quejas de hace años de empresarios textiles, comerciantes nacionales y productores de toda índole impactados por las importaciones de países asiáticos donde los salarios pagados a los trabajadores se diferencian muy poco del ingreso de esclavos modernos.
Incumplimiento de las reglas, presencia de organismos clientelares que regentean la necesidad de personas dedicadas al ambulantaje y en los últimos quince años organismos abiertamente delictivos locales e internacionales han profundizado y acelerado un caótico e irregular, cuando no francamente ilegal, usufructo del espacio público y privado.
El cierre de Plaza Izazaga 89 en un operativo federal y local contra la piratería en el cual fueron asegurados más de 262 mil productos —textiles, accesorios y productos de China, Bangladesh, Malasia, Vietnam e Indonesia— cuya legalidad no pudo ser comprobada. Ciertamente el valor de la mercancía decomisada es infinitesimal respecto del volumen de valor movilizado irregularmente en el Centro Histórico.
La maniobra y lógica china y de otras procedencias es muy sencilla: si los mexicanos usan ilegalmente departamentos y bodegas para guardar mercancía ilegal, ¿por qué no podrían hacerlo los extranjeros?
Ahora tenemos un primer mensaje indispensable. Existe capacidad de combatir el contrabando y en los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada no hay espacio para que propietarios de inmuebles adopten la postura del “yo solo rentaba y no sabía para qué lo empleaban”.
Veremos la fuerza y extensión del impulso al regreso de la norma.
