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Por Eduardo López Betancourt
La situación en el Estado de México es alarmante, en varios de sus municipios, policías y funcionarios han sido puestos a disposición por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que demuestra el grave y complejo problema por la infiltración de maleantes en las estructuras políticas y de seguridad.
La “Operación Enjambre”, es una estrategia implementada supuestamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), en colaboración con dependencias de seguridad, como la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, el gobierno federal. Bajo este operativo, el pasado viernes 22 de los corrientes, se llevó a cabo la detención de 7 funcionarios, entre ellos, María Elena “N” (alcaldesa de Amanalco); Rodolfo “N” (Director Operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca); Eraclio “N” (Director de Seguridad de Tejupilco); Omar “N” (Subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan); Manuel Alejandro “N” (Director de Seguridad Pública de Amanalco); Ellery Guadalupe “N” (Director del DIF de Tonatico) y Roberto “N” (Jefe de Región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca). Lo anterior es un ejemplo de cómo la coordinación entre instituciones federales y estatales puede ayudar a combatir la corrupción.
Los resultados dejan en claro que las células criminales han permeado los ámbitos del poder, situación que se agudiza al considerar que existen “vasos comunicantes” entre delincuentes y altos mandos a nivel estatal y federal, evidenciando la grave crisis que enfrenta México.
Esperemos que esta acción no sea una simple “llamarada de petate” y que sólo se nos esté dando “atole con el dedo”. Consideremos que los detenidos son mandos menores, inclusive acusados por nimiedades; es de esperar acciones contra los altos funcionarios que propician cínicamente la corrupción, algo que la sociedad reclama con urgencia.
