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Por Juan R. Hernández
En un mundo donde las redes sociales impactan profundamente en la vida cotidiana, no es extraño que se comience a legislar sobre el contenido que los “influencers” comparten con sus audiencias.
Aunque tal iniciativa pudo haber llegado antes, la diputada Leonor Otegui, de Morena, finalmente ha dado un paso hacia la regulación del sector con un paquete de reformas que busca proteger la dignidad de las audiencias, especialmente de los jóvenes. Bajo la propuesta de una Ley General para Regular el Contenido de Influencers, se establecería una Plataforma Nacional de Seguimiento que permita a los ciudadanos denunciar contenidos que inciten a actos de discriminación o vulneren los derechos humanos. En un contexto donde la influencia digital puede llegar a extremos preocupantes —desde retos virales peligrosos hasta la promoción de productos “milagro” o sectas manipuladoras—, resulta sensato que el gobierno busque establecer límites.
Sin embargo, como todo cambio en materia legal, plantea interrogantes: ¿hasta dónde llega el derecho de expresión? ¿Se caerá en la censura? La posibilidad de imponer sanciones, como la eliminación de contenido y multas, despierta preocupación. Pero cuando se trata de preservar la seguridad y la salud de las audiencias, especialmente las más vulnerables, el equilibrio entre control y libertad cobra relevancia.
Por otro lado, otra propuesta que se debate en el Congreso capitalino también busca atacar una práctica cultural que se ha mantenido intacta: la preferencia por el apellido paterno. La diputada Miriam Saldaña, del Partido del Trabajo, llama al gobierno a modificar los formatos de identificación para que, en lugar de “apellido paterno” y “apellido materno”, se utilicen los términos “primer apellido” y “segundo apellido”. Este cambio podría parecer menor, pero, en esencia, se trata de un acto simbólico que busca desmontar una tradición que reduce a la mujer al rol de un miembro secundario en la estructura familiar.
La imposición del apellido paterno por encima del materno refuerza una jerarquía de género que ya no corresponde con los valores de igualdad de nuestros tiempos. Al hacerlo, se resta a la mujer un papel de protagonismo en la identidad de sus hijos y perpetúa una estructura que, según Saldaña, contraviene la igualdad de género consagrada tanto en la legislación mexicana como en tratados internacionales.