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Gobierno de Tabe quiere contratar contralores

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Funcionarios de César Garrido empezaron la búsqueda de un abogado para ocupar un cargo en el Órgano Interno de Control

OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – Una de las oficinas de gobierno que ha desempeñado su papel crítico en la alcaldía Miguel Hidalgo que gobierna el edil reelecto, Mauricio Tabe (2021-2027), es el Órgano Interno de Control (OIC) que depende de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM); pese a la jerarquía, los funcionarios de la demarcación iniciaron la búsqueda de un abogado para que se incorpore dentro del OIC.

De acuerdo con informantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, el personal cercano a César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, busca a un “abogado con experiencia”, para laborar en una de las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) del OIC de Miguel Hidalgo; incluso han revelado esta situación a través de publicaciones de redes sociales como Facebook.

El OIC al depender de la ASCM, está sujeta a los procesos de selección que ordena la institución para designar al titular de una JUD.

Primero la institución central debe emitir la convocatoria de un Concurso Interno de Selección para Ingresar al Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la ASCM.

En el caso de las JUD, un cargo remunerado con 43 mil pesos, la Auditoría solicita no sólo a abogados con años de experiencia, sino también que se hayan desempeñado en la administración pública o en auditorías gubernamentales, además deben contar con una especialidad o posgrado como parte de su formación.

En la Ciudad de México los OIC son entidades de la administración pública encargados de vigilar, prevenir, detectar y sancionar las conductas de servidores públicos que cometan faltas administrativas, por lo que pueden ordenar desde apercibimientos hasta la destitución de funcionarios en las alcaldías y demás instituciones capitalinas.

En caso de Miguel Hidalgo, el OIC ordenó en 2022 la inhabilitación de César Garrido por retirar los sellos de una construcción con irregularidades.

La decisión del Órgano fue tomada por el gobierno de Mauricio Tabe como parte de una persecución política, posteriormente la administración panista buscó el respaldo del poder judicial para burlar la orden del OIC.

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