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Los quince diputados locales arrastran trayectoria de desvíos de recursos, familiares aviadores, plagios y fraudes para ocupar cargos de elección
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- En el Congreso de la Ciudad de México, son quince los diputados locales del PAN que están a favor de entregar una parte del Bosque de Chapultepec a la empresa Inmobiliaria Trepi para la construcción de edificios de departamentos.
Aunque todos los firmantes que respaldan la destrucción forestal tienen una trayectoria que los relaciona con la corrupción inmobiliaria. Los panistas en 2022, dirigidos por el entonces líder local del partido, Andrés Atayde, defendieron a acusados como el ex diputado local Christian Von Roehrich, de participar en el llamado Cártel Inmobiliario.
El ahora diputado local encabeza la firma del escrito que respalda a Inmobiliaria Trepi. Del mismo círculo, Federico Chávez suplió a Von Roehrich en el Congreso local en 2022; incluso tiene un departamento en City Towers, uno de los edificios señalados de pertenecer a las irregularidades inmobiliarias; y para desviar la atención, el diputado Diego Garrido ha servido como denunciante de un Cártel Inmobiliario del Instituto de Vivienda (INVI) para negar el que involucra a los panistas; Olivia Garza este año se destacó por ser una de las funcionarias que más intervino de manera ilegal en las elecciones.
El firmante de la postura del PAN, Ricardo Rubio, en 2021 fue denunciado por violencia intrafamiliar, ha amenazado a una de las diputadas locales de Morena, metió en la alcaldía BJ como aviadoras a su madre y esposa, mientras que este año sumó una denuncia por amenazar a de muerte a dos ciudadanos en Coyoacán; la diputada Frida Guillén, sin logros legislativos fue de las cercanas a Sandra Cuevas en Cuauhtémoc al respaldar cada una de sus políticas.
Ni los jueces, ni la oposición. Hay un solo culpable de que media hectárea del bosque de Chapultepec este riesgo de ser cedida a una inmobiliaria: el gobierno de la Ciudad.
Es el mismo grupo que ha gobernado por más de 20 años, el mismos que ha litigado el caso para perderlo.… pic.twitter.com/p1uIAWKf0M
— Ricardo Rubio (@ricardorubiot) October 25, 2024
Laura Alejandra Álvarez tiene en su historial una denuncia por mentir en su grado académico mientras fue directora de Desarrollo Social de la alcaldía Benito Juárez. Renunció en 2021 cuando se detectaron irregularidades por 42.5 millones de pesos, presuntamente utilizados para apoyar la campaña de su esposo Mauricio Tabe, alcalde reelecto en Miguel Hidalgo (2021-2027).
Andrés Sánchez Miranda regresó como diputado local, pese a que en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF ahora Congreso local), cuando fue contralor protegió de investigaciones a la empresa Pegaso Magno, propiedad de otro panista.
La reelecta América Rangel, ha protagonizado polémicas por su lenguaje racista y de extrema derecha, también ha plagiado textos para promover leyes anti LGBT e incluso hizo apología a la desaparición de la entonces jefa de gobierno; Daniela Álvarez se reeligió en el Congreso en medio de la polémica de usurpación de identidad para ganar votos en los pueblos originarios, aunque también fue apercibida por uso indebido de recursos públicos para atacar a una rival en la política.
Mientras que el diputado migrante Raúl Torres, también fue denunciado por ganar su cargo en medio del fraude al no residir en el extranjero ni ser reconocido por las comunidades migrantes.
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