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En el 2023, el feminicidio de mujeres y niñas representó el 25%; la activista ha documentado muchos casos de crímenes
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- En México, el feminicidio sigue causando indignación y dolor. Cada año, miles de mujeres son asesinadas violentamente, muchas veces sin obtener justicia. La Ley Fátima, aprobada en 2022, fue diseñada para brindar mayor protección a las mujeres, pero para la abogada y activista de derechos humanos, Mina Moreno, “una ley que no se aplica es una ley muerta”.
El caso de Fátima Cecilia Aldrighett, una niña de siete años víctima de feminicidio en 2020, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. La niña fue reportada desaparecida en Tláhuac y, tras cinco días, su cuerpo fue hallado en condiciones inhumanas: desnuda, envuelta en una bolsa de plástico, con signos de tortura y abuso sexual. Su caso, junto con el de Ingrid Escamilla, expuso la brutalidad a la que están expuestas mujeres y niñas en México.
Mina Moreno, quien ha documentado feminicidios y desapariciones forzadas, señala que “cada crimen tiene una crueldad bestial y deshumanización”. Para ella, la Ley Fátima intenta corregir algunas deficiencias del sistema de justicia, como la falta de perspectiva de género en jueces y ministerios públicos. Explica que esta perspectiva implica ponerse del lado de las víctimas, generalmente mujeres mutiladas, violentadas y asesinadas.
UNA LEY QUE BUSCA CAMBIOS ESTRUCTURALES
La Ley Fátima propone capacitar a servidores públicos en igualdad de género y derechos humanos. Sin embargo, como señala Moreno, “no basta con desear que se aplique; se necesita sancionar a quienes no cumplen con su deber”. La ley responde a la necesidad de juzgar feminicidios con sensibilidad y comprensión de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres.
Los ministerios públicos, jueces y fiscales han demostrado una preocupante falta de preparación para abordar feminicidios. “Lo primero que hacen es dudar de la víctima”, denuncia Moreno. Las víctimas de violación o los familiares de mujeres asesinadas no reciben apoyo psicológico ni acompañamiento adecuado, reflejando un sistema de justicia que sistemáticamente falla a las mujeres.
FEMINICIDIOS EN NÚMEROS
Las cifras son alarmantes. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 848 feminicidios en México, representando el 25% de los asesinatos de mujeres y niñas. En 2024, hasta agosto, Iztapalapa ocupaba el tercer lugar en feminicidios, con una tasa de 1.18 casos por cada 100 mil mujeres.
A pesar de las reformas impulsadas por la Ley Fátima, como la capacitación obligatoria en perspectiva de género, queda mucho por hacer.
El caso de Fátima reveló las fallas institucionales: policías tardaron en iniciar su búsqueda y las autoridades escolares entregaron a la niña a una persona no autorizada. Estas omisiones pudieron haber evitado su muerte.
EL ROL DE LAS AUTORIDADES
El caso de Fátima no solo evidenció la violencia extrema contra las mujeres, sino también la incompetencia de las instituciones encargadas de protegerlas. Cuatro policías de investigación y dos ministerios públicos fueron procesados por la mala gestión del caso, y la sentencia de los responsables aún está pendiente. La Ley Fátima representa un avance al exigir que los servidores públicos actúen con perspectiva de género y profesionalismo.
El reto ahora es asegurar que la ley no quede en el papel y capacitar a las autoridades es un paso urgente, pues “la ley que no se aplica es una ley muerta”. Las mujeres en México necesitan un sistema de justicia que las proteja de la violencia que, lamentablemente, sigue siendo una amenaza diaria, finalizo Mina Moreno.
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