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Valor Civil | La UNAM vs la Reforma Judicial

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Por Eduardo López Betancourt

A los dirigentes de La Máxima Casa de Estudios se les olvida que son parte del Gobierno Federal, pero, al final, con el pretexto de la “autonomía universitaria”, se consideran marginales de las leyes y mucho más, de la dependencia, que es evidente, como organismo descentralizado por servicio, tienen del Ejecutivo Federal.

Con la precisión anterior, resulta inaudito que los funcionarios de la Institución, propicien una lucha contra la Reforma Judicial. Esto en buena medida se explica, porque tengamos presente, en la UNAM no existe la democracia, se enseña, pero ni lejanamente se practica, se encuentra gobernada por una élite, misma que, además, maneja discrecionalmente un generoso presupuesto y, donde los cargos públicos, como la figura de Rector y demás jefes, se reparten descaradamente entre amigos, sin el mínimo respeto a la capacidad. Por supuesto, quien protesta se arriesga a una persecución sin precedentes.

La oposición de la UNAM a la Reforma Judicial, proviene en particular de la Facultad de Derecho, donde, quien la encabeza, cuenta con más de 150 profesores denominados de “tiempo completo”, los cuales al final, su trabajo se reduce a unas cuantas horas a la semana y perciben sueldos mensuales superiores a los 100 mil pesos. Así de patética es la deshonestidad con que se actúa, azuzando a los alumnos para que protesten contra una reforma que ni lejanamente conocen, ni mucho menos les afecta de manera frontal.

Los discípulos del ámbito jurídico, más que oponerse, deben meditar el actuar con moderación y, sobre todo, mostrar gran dosis para discutir, sin dejarse llevar por consignas y mucho menos convertirse en simples “borregos”, donde “la mano de adultos mafiosos”, es manifiesta.

De tiempo atrás, la Universidad de la Nación ha mostrado una actitud intransigente, contraria a la voluntad del Poder Ejecutivo, situación que resulta sumamente inadecuada y si por el contrario, da lugar a que tan importante dependencia académica de un viraje hacia la democratización, que permitirá evaluar con más objetividad los temas trascendentales, como lo es la Reforma Judicial.

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