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Por Sebastián Ramírez Mendoza
El dictamen que el Congreso de la Unión discutirá en las próximas semanas que inicie la legislatura sobre la Reforma Judicial que envió el Presidente López Obrador, tuvo más de 90 modificaciones como producto de los foros y diálogos que se sostuvieron por todo el país. En estos encuentros participaron abogadas y abogados, académicos, legisladores e incluso trabajadores del Poder Judicial, y lo que dejaron ver entre un sinfín de argumentos e intercambios, fue la necesidad de reformar a un poder que tiene una enorme deuda con el Pueblo de México.
No es un secreto que el acceso a la justicia históricamente ha estado reservado para quienes pueden pagarla, ni que los privilegios y sueldos elevadísimos de magistrados y ministros no son proporcionales a su ineficiencia. De ahí que cada vez más gente esté a favor de la Reforma Judicial, de acuerdo con todas las mediciones publicadas, pero especialmente de acuerdo con lo que opina la gente en las calles. Desde Morena hemos organizado asambleas en cada municipio del país para informar los detalles de esta iniciativa, y lo que nos hemos encontrado es un malestar que siempre ha estado allí, que ha sido creciente pero indiferente para las cúpulas de quienes dicen proteger nuestros derechos y nuestro acceso a la justicia.
La libre manifestación es un derecho, y las y los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de expresarse, aunque (advertida o inadvertidamente) ello implique frenar tantos casos que tienen en sus escritorios sin resolver, y que lejos de ser números de expedientes, son en ocasiones el propio patrimonio o la libertad de las personas lo que esté en riesgo.
La mejor receta siempre será calle, calle y más calle. Sería valioso que las y los ministros de la Suprema Corte salieran a escuchar el juicio más importante, que es el del Pueblo, y dieran cuenta de que la gente no quiere mantener el status quo, sino transformar al poder más opaco que tenemos. Con la Reforma Judicial tenemos la oportunidad de comenzar a saldar una deuda histórica y transitar hacia un sistema de impartición de justicia libre de corrupción, eficiente y que ponga por delante el interés popular.
