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Uno de los puntos a los que se opone el PJ es a la elección de ministros y jueces por voto popular, el contrasentido es evidente, así como la huelga ilegal a la que se han lanzado; una huelga casi familiar por el amplio nepotismo que carga la institución, si bien el derecho de huelga está garantiza-do en el país, en ningún momento se afectarán los derechos de los trabajadores… ¿o sí? Los privilegios adquiridos a través de los años efectivamente se verían vulnerados ya que al dejar de ser juez y parte como actualmente lo es Norma Piña al ser titular del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, necesariamente habría cambios drásticos y pérdida de privilegios económicos para los miembros del Poder Judicial desde los elementos más bajos, hasta las más altas cúpulas que suelen atraer y esconder expedientes.
Los manifestantes se lanzan a las calles atropellando el derecho de los ciudadanos de justicia y movilidad y alegan que no cobran por los servicios que ofrecen. Es verdad, por ley, TODOS los servicios que se ofrecen son gratuitos… en papel.
El PJ tiene un segundo sueldo a costa del ciudadano que tiene la mala fortuna de enfrenar un pro-ceso ya sea acusatorio o defensivo y eso es algo que debe cambiar. NECESARIAMENTE.
Otra violación a la ley radica en los fideicomisos que ni siquiera apoyan a la totalidad de los trabajadores, sino a los altos mandos de la Corte.
El escandaloso dispendio que tiene el Poder Judicial y que en otros gobiernos se justificó con “para que no roben”, se ha vuelto una pesada carga para las finanzas públicas y una total injusticia para el pueblo: 1177 millones por bono de riesgo; 282 millones en escoltas; 900 millones en traslados; 235 millones para vestuario; 26 millones por “día del padre”; 24 millones por el “día de la madre”; 90 millones en pago de anteojos…. Y aun así roban.
Incongruente, injusto e ilegal ante el rezago de más de 47 mil expedientes “por falta de jueces”.
Lo lamentable de todo es que bajo el título de “señoría”, se pretenda que el Poder Judicial permanezca intocable y se niegue a someterse a la voluntad del pueblo.
La última carta es la petición del Consejo Coordinador Empresarial para dirimir este asunto a favor de los ministros que bien han aceptado favorecerlos, ¿reciprocidad o complicidad?
Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
