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Por Eduardo López Betancourt
Gobiernos van y vienen, pero el tema central lo constituyen las viviendas, el lugar donde se mantienen lazos familiares e indiscutibles actividades de solidaridad y buen trato. La Constitución Política Mexicana es precisa, señala obligatorio el que los trabajadores tengan una vivienda digna, situación que, en la mayoría de los casos, es una quimera.
En este renglón se presentan sinnúmero de corruptelas, una de ellas es otorgar a los derechohabientes, viviendas alejadas de sus áreas de trabajo, donde se carece de vías rápidas de comunicación, esto en plena complicidad con constructoras voraces que fabrican verdaderas “conejeras”, con endebles paredes y diminutas habitaciones que el comprador con gran ilusión acepta, aunque al poco tiempo, la mala construcción se da a notar, dando por resultado que el propio asalariado abandone ese hogar, siendo víctima de una auténtica extorsión, forzándolo a pagar durante más de dos décadas, en ocasiones.
Con base a lo anterior, trabajadores que se desempeñan en el centro y sur de la CDMX, les dan una patética casa habitación en municipios como Huehuetoca, así, tardan más de tres horas en cada traslado, con costos superiores a los ochenta pesos, por lo que deja de ser grato contar con un departamento que constituye una tortura; además, la inseguridad permanente, los asaltos en el transporte y hasta en los domicilios, no permiten la tranquilidad deseada y al abandonar los inmuebles, estos sufren la rapiña.
Insistimos, el obrero merece adquirir una vivienda digna, cercana al lugar donde se desempeña laboralmente, de lo contrario, se está incumpliendo con el artículo 4° Constitucional: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Es una infamia que para trasladarse a su “hogar”, deba destinar ocho horas más, aparte de las que trabaja. La demagogia, las mentiras y las picardías deben marginarse de un tema esencial como lo es el contar con un lugar digno y adecuado para vivir.
