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Por Verenice Téllez
El descarado pataleo de los jueces ante la inminente transformación de las prácticas de justicia en México los ha llevado incluso a amagar con irse a huelga. Es tal su arrogancia que con un descaro absoluto durante el sexenio se atrevieron a liberar delincuentes y justamente en los últimos días determinaron la libertad de Mario Marin, protagonista de uno de los más escandalosos casos de tráfico de personas y muy seguramente la liberación de delincuentes continuará hasta que tope en la renovación de la justicia mexicana a través de la Reforma al Poder Judicial y que se pongan freno al absoluto poder con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente.
Dejar el poder no es algo sencillo para los integrantes del Poder Judicial, remover viejas estructuras burocráticas que se amalgaman en torno a recursos económicos y no de apego a la constitución y sus leyes, representa abandonar sus privilegios, cimentados en la compraventa de justicia consumando de forma permanente actos de corrupción.
De manera insolente el Poder Judicial ha lucrado durante años con la justicia, salvo contadas excepciones, dicha institución aplica las leyes de manera bizarra, bajo criterios altamente subjetivos.
El Poder Judicial se ha aislado de los demás poderes de la Unión, como si se tratara de un ente intocable, que ostenta la capacidad de ser el único impartidor de justicia.
Lo que ha venido sucediendo al interior de este poder es que no cuenta con filtros para calificar la rectitud, la objetividad o la imparcialidad de quienes ostentan las decisiones de justicia en el país.
Por lo anterior es indispensable y urgente que este poder se apegue a los requerimientos del pueblo y Estado Mexicano, así como garantice la estabilidad de la justicia sujetándose a escrutinio y evaluación permanente, como sucede con los otros poderes de la Unión.
