Visitas
Las estancias en los penales afectan principalmente a familias con bajos ingresos; aunque instituciones conozcan los abusos internos no hacen nada
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.– El acceso a la justicia en México es desigual desde que no toda la población puede pagar la defensa de un abogado, pero también cumplir una penitencia dentro de un penal, donde la sobrevivencia de una persona le puede costar a una familia cerca de un salario mínimo.
De acuerdo con la organización Documenta AC, cuando en una familia hay una persona que se encuentra en prisión, tienen que destinar cerca de 6 mil pesos y en los casos más drásticos hasta 8 mil. Este monto es casi lo que representa un salario mínimo, pues de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este 2024 equivale a 7 mil 468 pesos.
Los gastos que deben pagar los reos en los penales son amplios, desde moches para que no los cambien de celda, tener cobijas, un espacio para dormir, calentar comida que llevan los familiares, agua caliente para bañarse, un espacio para lavar ropa y la protección para evitar palizas de las pandillas dentro de las cárceles.
Los pagos los hacen todos, tanto las personas que ya tienen una condena como aquellos que permanecen en la incertidumbre de una sentencia, un proceso que también se alarga con la paga de abogados particulares o de un defensor público. La organización estima que en cada visita semanal las familias desembolsan de mil 500 a dos mil pesos.
De acuerdo con el exfiscal Samuel Ibarra, los cobros dentro de los penales es lo que muchas familias quieren evitar por lo que buscan contratar a un buen abogado desde el principio “adentro de la cárcel, cuando alguien entra, le van a cobrar para no golpearlo o para no violarlo, le van a cobrar para que se haga cargo de los baños en lugar de golpearlo; parece mentira, pero hay gente que encima de que está lavando los baños tiene que estar cuidándose de que no lo golpeen”.
Esto debido a que la protección, a veces tiene que ser un gasto doble si hay más de una persona que controle las pandillas internas. Además, cuando los familiares visitan a sus familiares, les piden dinero los mismos funcionarios, que van desde unas cuantas monedas hasta los mil pesos.
En el caso de los penales para mujeres, la colectiva Unidas por la Libertad señala que los gastos dentro de las cárceles se incrementan cuando necesitan adquirir toallas sanitarias, un producto que llega a elevarse hasta los 200 y 300 pesos. La colectiva indica que esto ocurre debido a que el 60 por ciento de las mujeres en prisión, son olvidadas en las cárceles y las obliga a utilizar calcetines o playeras como alternativa a una toalla sanitaria.
Los pagos dentro de las cárceles son un problema que además de afectar los bolsillos de las familias, también es una violación a los derechos de los reos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado mes de junio indicó que la sobrepoblación en 133 cárceles del país incrementa la desigualdad y violencia en las cárceles.
“La seguridad y el control de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en dichos establecimientos, por parte de las autoridades correspondientes, es un asunto de seguridad pública, cuya responsabilidad recae, en el presente caso, en los servidores públicos responsables de su administración” indica la CNDH, pero ante las advertencias las prácticas corruptas prevalecen.
TE RECOMENDAMOS:
