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Desde el sexenio de Felipe Calderón, surgieron las Asociaciones Público-Privadas, con ellas se pretendía que el sector privado participara en la obra pública del país en la que supuestamente se harían cargo de carreteras, hospitales, escuelas mediante un esquema de participación que beneficiara a ambas partes con el supuesto de que el gobierno pudiera ofrecer.
La empresa asociada se haría cargo de la construcción y riesgos implícitos, seguros, etc., y el gobierno amortizaría mediante una semi concesión el costo de la obra por hasta 30 años prorrogables.
El festín de la corrupción estructural abarcó bardas, caminos, carreteras y casi todo lo imaginable; el ejemplo más claro y sonado de esta corrupción fue la construcción y administración de los penales de máxima seguridad, otorgados en el sexenio de Enrique Peña, las cuales quedaron a cargo de las empresas Indi, Idinsa, Mota Engi, ICA, Prodemex, Sacyr, Hycsa, Azvi, Avanzia, Omega, Invectura y Hermes.
Nombres no dicen nada, pero si hablamos del cuñado de Carlos Salinas, Hipólito Gerard, Carlos Slim, del dueño de El Financiero, Manuel Arrollo, del subsecretario de Energía del gobierno de Calderón, Mario Gabriel Budebo, de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el gobierno de Fox, o de los dueños de Excélsior, Imagen y Grupo Ángeles, Olegario Vázquez Aldir y BlackRock, la cosa cambia.
Los beneficiados del poder en sexenios anteriores aún poseen este esquema de explotación por el que pagamos todos, sin la menor posibilidad de transparencia ya que la misma ley protege su secrecía.
Las APPS (asociaciones público-privadas) al igual que las concesiones han sido los instrumentos que han utilizado para seguir sirviéndose del dinero público y que deben ser pasadas por un severo ajuste y sobre todo transparencia que elimine definitivamente esa corrupción estructural por la que seguimos pagando, por ejemplo, más de 2 mil pesos diarios por cada reo.
La corrupción que está enquistada en todos lados es más visible con la gran cantidad de obra pública realizada en este sexenio por el presidente López Obrador y la SEDATU, que han puesto de manifiesto que el dinero alcanza siempre y cuando no haya corrupción. Los que hablan de sobrerrepresentación y se niegan al plan C, son beneficiarios de este esquema que impide el desarrollo del país y la justicia social.
Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
