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Por Ricardo Sevilla
El 25 de agosto de 2011, un grupo de 15 delincuentes del cártel de Los Zetas decidió que el Casino Royale, en Monterrey, era el lugar perfecto para un “dar una lección” inolvidable, convirtiendo una tarde de juego en una escena infame y digna de una película de terror.
Los criminales, con esa peligrosa mezcla que siempre acompaña a los imbéciles y a los desalmados, rociaron gasolina e incendiaron el inmueble, dejando un saldo de 52 personas muertas.
El salvaje ataque no solo reveló la brutalidad del crimen organizado, sino también la corrupción que anida en el sistema judicial mexicano.
Y es que, en ese momento, se supo que un nutrido grupo de jueces y abogados estuvieron involucrados en un escándalo que debería avergonzar, para siempre, al Poder Judicial.
El entonces juez Luis Armando Jerezano Treviño, se convirtió en uno de los protagonistas de esta tragedia, enfrentando acusaciones de lavado de dinero y amparos a casinos irregulares.
Su esposa, Claudia Zulema, y su suegra también se vieron envueltas en el drama, saliendo a relucir una buena cantidad de cuentas bancarias que, sin duda, harían palidecer a un magnate. O a un usurero.
Otro de los tristes protagonistas de esta historia fue el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, cuyo hermano fue grabado recibiendo un soborno.
Tampoco fue el único.
En ese momento también salió a relucir el nombre de Álvaro Tovilla León, otro juez cuyo nombre quedó enlodado.
La lucha contra el crimen organizado y, lamentablemente, contra el Poder Judicial, parece un juego de cartas donde todos tienen las manos manchadas de sangre, y el único perdedor es el pueblo mexicano.
Cabe mencionar que el flamante secretario de gobernación de Calderón era, en ese momento, el mismísimo Santiago Creel.
