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Por Ricardo Sevilla
La mayoría de los mexicanos y mexicanas estamos de acuerdo en algo: urge una reforma al Poder Judicial. El máximo tribunal de este país, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una guarida de conservadores dedicados a defender los intereses de sus propias cofradías.
Coincido en lo que el presidente López Obrador ha propuesto: que la elección de jueces, magistrados y ministros se financie con los recursos que tienen losj fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Esos fideicomisos que ya debieron haber desaparecido, pero que el Poder Judicial ha defendido con garras y colmillos. Los ministros se niegan a ser elegidos de manera democrática. Ellos quisieran permanecer rigiéndose bajo el mismo esquema ajado y marchito: que los designe el presidente en turno y que los ratifiquen los legisladores. Pero eso ya no funciona. El pueblo ya no quiere que los juzgadores sean elegidos por una suerte de toque de Midas. El pueblo quiere democracia. Y la está exigiendo a voz en cuello. No es gratuito que todo el tiempo haya manifestaciones afuera de la sede de la Suprema Corte. El pueblo está harto de que un puñado de juzgadores ganen sueldos superiores a los del presidente de México.
La gente, que ha cuidado de informarse bien, está enterada de que los jueces, ministros y magistrados tienen toda clase de privilegios.
Los ministros, que ahora se dicen criticados y desprestigiados, reciben aguinaldos exagerados de más de medio millón de pesos.
La gente sabe que los ministros tienen un comedor especial en la SCJN, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. El pueblo está enterado de que los juzgadores tienen dere-cho a tener a dos camionetas blindadas.
Y como la ministra Yazmín Esquivel le dijo a su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá: la reforma responde al clamor del pueblo mexicano e “ignorar la voz del pueblo es estar ausente de la demanda de justicia que existe el día de hoy”.
