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- Una historia de irregularidades millonarias
- Ha tenido acusaciones de corrupción, y de favoritismo
- Entre 2015 y 2016 adjudicó obras por más de 5 mmdp
Juan R. Hernández
Luis María Aguilar Morales, conocido como “El Rey”, comenzó su relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su infancia, acompañando a su padre, quien era secretario de estudio y cuenta, afirmó la activista Mina Moreno quien destacó que su carrera dentro del Poder Judicial avanzó sin los procesos rigurosos que hoy se exigirían.
Desde su llegada como juez en la década de los 80, Aguilar ha estado rodeado de polémica, favoritismos y acusaciones de corrupción.
“En la década de los 60, Aguilar comenzó a trabajar como oficial en la SCJN. En los 80, fue designado juez sin haber pasado por exámenes de conocimientos jurídicos, psicológicos ni psicrométricos, en una época donde los ministros intercambiaban beneficios por plazas judiciales”, señaló la especialista en Derechos Humanos.
En entrevista con Diario Basta, la comunicadora y abogada, señala que Aguilar Morales, ascendió a magistrado, oficial mayor, consejero, y finalmente a ministro de la SCJN, impulsado por el entonces presidente Calderón. Durante su tiempo como oficial mayor, Aguilar conoció a María Vizconde, una contadora pública de la UNAM, quien se convirtió en su mano derecha y operadora financiera, ocupando puestos clave en SCJN.
El Círculo de Poder
Juntos, Aguilar y Vizconde crearon un círculo exclusivo de colaboradores cercanos, incluyendo a figuras como Bertha Fernández, Liliana Hernández, Manuel Villeda, Paola Soto Quintero, y Roxana Carbajal, cuyo hermano maneja el fideicomiso de retiro de los togados conocido como Jurica, con fondos de aproximadamente 44 mil millones de pesos.
Aguilar y Vizconde centraron sus esfuerzos en tres áreas lucrativas: la creación de nuevos Palacios de Justicia, la construcción de Centros de Justicia Penal y las nuevas salas orales en todo el país. En 2017, se detectaron irregularidades en la construcción de Palacios de Justicia en Coahuila, Tlaxcala y Colima, con un costo aproximado de 1,200 millones de pesos y fallas en la edificación y diseño.
Adjudicaciones directas
Entre 2015 y 2016, Aguilar adjudicó obras por más de 5 mil millones de pesos, algunas sin licitación, beneficiando a constructoras cercanas. La Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades en el presupuesto de la SCJN, destacando cuatro contratos de obra pública con anomalías por más de 251 millones de pesos para la construcción de salas de juicios orales y un Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León.
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