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Organizaciones nacionales asumen que el acceso a la justicia es complicado por corrupción, desconfianza, abusos, falta de seguimiento a los procesos y una estructura rebasada
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – Desde hace casi diez años el sistema judicial mexicano es rankeado como uno de los peores por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en inglés) en los últimos lugares de los 128 países que se someten a esta evaluación. Esta edición de nuevo cobra relevancia ante la presencia de una serie de reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En la evaluación anual de 2023, México se posicionó en el lugar 116 de 128, y cada año no tiene cambios notables en el ranking. La evaluación a nivel internacional contrasta con lo que le cuesta el PJF a los mexicanos. Sólo en 2023 los organismos que conforman, este poder judicial tuvo un presupuesto de más de 4 mil 528 millones de dólares (equivalentes a 77 mil 939 millones 368 mil 760 pesos). Este monto es casi la mitad de lo que destina Estados Unidos posicionado en el lugar 22, y es mayor que lo destinado por España y Colombia, que fueron rankeados con el lugar 20 y 58 respectivamente.
Algunos criterios que toma en cuenta el WPJ para determinar que en México el estado de derecho se encuentra estancado es la existencia de corrupción y desconfianza en la estructura del sistema judicial que involucra a policías, abogados, fiscales, jueces y personal penitenciario.
La organización mundial en su ejercicio de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) indicó que con un índice del 88.8 por ciento, la policía se consolidó como la institución más corrupta, que a su vez es el primer eslabón de la ciudadanía para acceder a la justicia.
Organizaciones nacionales como Data Cívica en su informe de 2023 sobre acceso a la justicia, señaló que el primer obstáculo se presenta en la etapa de la investigación, principalmente para mujeres, personas en condición de pobreza, población de zonas rurales, indígenas y jóvenes. Uno de los puntos ciegos de las autoridades es que el 75 por ciento de las personas detenidas, no son informadas del delito que se les imputa.
Otro de los grandes obstáculos que incluye Data Cívica es la falta de recursos presupuestales, burocracia excesiva, baja disponibilidad de defensas públicas, además de elevados costos en los procesos administrativos y judiciales.
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