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Por Ricardo Sevilla
La UNAM ha decidido meter su cuchara en la Reforma Judicial. Y en el proyecto de 20 reformas que está promoviendo el Ejecutivo.
Lamentablemente, la máxima casa de estudios es farol de la calle y oscuridad de su casa.
La UNAM, y en particular, el Instituto de Investigaciones Jurídicas no tienen vergüenza. Y es que, en lugar de promover la democratización de la universidad o exigir que le paguen salarios dignos a los profesores de asignatura, están haciendo campaña a favor de la derecha y, muy especialmente, a favor del Poder Judicial.
Pero todo tiene un porqué. En la UNAM y en los círculos “intelectuales” de la derecha, se oponen con garras y colmillos a la reforma al Poder Judicial por varias razones de índole personal. Y la principal razón es que varios de esos defensores están vinculados, de una u otra forma, a ese poder corrupto que urge reformar.
Ahora bien, México ya no está para cumplirle sus caprichos a la derecha. Y no los consiente porque nuestro país está en vías de democratización. Y es que, aunque no le guste a los conservadores, la participación ciudadana en la vida democrática de México es fundamental para el saludable funcionamiento de nuestro sistema político.
Y aunque tampoco le guste a los conservadores, hay un aspecto crucial que requiere una mayor implicación popular: la elección de los jueces, ministros y magistrados.
Sabemos que en México, los ministros de la SCJN no son elegidos por el pueblo, y eso, lamentablemente, los ha separado de los sentimientos de la nación y los ha llevado a ejercer una perniciosa actuación que, por un lado, perjudica al pueblo y, por otra parte, favorece a los potentados. Y eso ha derivado en una falta de neutralidad en casi todas sus decisiones.
No se puede negar que el Poder Judicial juega un papel imprescindible dentro de una democracia, ya que es el encargado de aplicar y interpretar la ley.
Sin embargo, su falta de democratización lo ha arrastrado a una tendencia corporativista y hacia una forma de activismo que casi nunca refleja los intereses de la sociedad.
Y es que, en lugar de ser neutrales, los juzgadores han trabajado para proteger los intereses de ciertos grupos y partidos políticos, lo que ha generado una sensación de injusticia y desconfianza en el sistema judicial.
Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN se han negado a someterse al escrutinio democrático, argumentando que la elección popular no es una práctica común en países desarrollados. Pero se equivocan: en Suiza y Japón, por ejemplo, los jueces son elegidos de manera democrática.
El presidente López Obrador ha querido cambiar este status quo y ha propuesto la elección democrática de los jueces y ministros. Y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha salidos a respaldar esa postura.
Pero, sin duda, el respaldo más importante es el de la ciudad. Y el pueblo exige y ordena un Poder Judicial democrático. ¡Así que, aunque le duela a la derecha, la reforma va!
