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El megaproyecto provocó carencia de servicios e incremento de sus costos
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – En Xoco, alcaldía Benito Juárez, con los festejos tradicionales del pueblo originario ahora se confrontan por medio de quejas los nuevos habitantes atraídos por Torre Mítikah, un proyecto acusado de gentrificar la zona, poblada desde décadas atrás por los residentes que, cada año durante enero celebran la festividad principal de dicha comunidad.
El reciente conflicto lo dio a conocer la administración de Torre Mítikah al solicitar primero a la población los horarios de las actividades de la fiesta patronal cuya sede principal es el templo de San Sebastián Mártir que colinda con el complejo inmobiliario.
La tradición se remonta hasta finales del siglo dieciséis. Trascendieron las quejas de empresarios por las comparsas y el uso de pirotecnia, así como el cierre de algunas calles.
Dictar su forma de vida molestó a la población originaria de Xoco, un pueblo cuyos orígenes se remontan hasta la época prehispánica, en el auge de la ciudad de Teotihuacán, pues durante la construcción de la torre se encontraron tumbas con vestigios teotihuacanos.
Pese a la historia del pueblo originario la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) encabezada por Laura de Ita Andehui, durante todo el 2023 se opuso a defender los derechos de Xoco como una comunidad con historia.
El argumento de la SEPI fue que desde los derechos jurídicos la institución no podía defender sus derechos al no ser reconocido como un pueblo originario inscrito en el Sistema de Registro.
Algunas afectaciones que ha causado Torre Mítikah son la escasez de agua y el aumento a los costos de vivienda. Incluso en una de las últimas respuestas la SEPI indicó en referencia al registro “la procedencia de una consulta indígena no emana de una simple afirmación que hagan las comunidades y personas que se puedan sentir afectadas, sino que requiere de un examen de procedencia”.
Dicho Sistema de Registro desde el pasado mes de diciembre quedó sin efectos jurídicos y la SEPI no lo ha reconocido de forma pública, pues esto llevaría a que se confronte con intereses inmobiliarios como el de Mítikah, cuyos habitantes también están en su derecho de interponer quejas por el ruido ante instituciones como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
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