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OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – El titular de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, en su última declaración patrimonial reveló la compra de contado de un departamento millonario. Las víctimas de nuevas construcciones también incluyen a este funcionario público como parte del Cártel Inmobiliario al encubrir aparentemente a los implicados.
En su declaración 2023, Serrano Mendoza declaró que durante el año anterior adquirió un departamento de 178 metros cuadrados, valuado en 3 millones 600 mil pesos, monto que efectuó en un solo pago.
En el mismo periodo de tiempo el titular de la Contraloría precisó que tuvo una remuneración anual neta de 1 millón 98 mil 814 pesos sólo por sus actividades como servidor público. Esto supera el 1 millón 59 mil pesos que reportó Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y falta a la ley de austeridad vigente en la capital, que dicta que ningún otro funcionario puede rebasar sus ingresos.
Otras propiedades con las que cuenta el Contralor de la ciudad son joyas y relojes valorados en 700 mil pesos; obras de arte por 500 mil pesos; y por menaje de casa otros 700 mil pesos. Todos estos bienes muebles los adquirió al contado. Además, cuenta con tres vehículos, uno marca Jeep adquirido en 475 mil pesos modelo 2017; un Ford Focus 2016 de 312 mil 500 pesos y un Mazda 2019 de 297 mil pesos.
Las riquezas de Serrano Mendoza han sido objeto de críticas por parte de víctimas de la corrupción inmobiliaria de casos en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Estos contingentes señalan que el contralor general de la capital, al encabezar un puesto encargado para vigilar la transparencia y el uso eficiente de recursos públicos encubre el enriquecimiento ilícito que logran algunos funcionarios públicos que se han beneficiado de las construcciones irregulares.
Por mencionar algunos datos de los afectados por las nuevas construcciones, en Benito Juárez, con la gestión de Santiago Taboada desde 2018 hasta este año, han sido permitidos hasta 500 edificios ilegales, permitidos por un esquema normalizado de extorsión y pago de favores en especie.
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