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El contralor general de la CDMX encubre a quienes participan en la corrupción inmobiliaria de BJ
Omar Montalvo
En la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, los vecinos afectados por el llamado “Cártel Inmobiliario” afirmaron que las obras ilegales son permitidas porque empleados de instituciones bancarias y funcionarios de esta demarcación y del Gobierno de la CDMX están coludidos, pues reciben “moches” de hasta 10 millones de pesos.
Las víctimas de dicho cártel señalaron que son unos 33 mil afectados, y que cuentan con pruebas de que cinco dependencias públicas siguen el modelo de corrupción de BJ. “Por cada obra ilegal autorizada, reciben de 2 a 10 millones de pesos libres de toda paja, lo que es al día de hoy la mejor fuente de financiamiento para las campañas políticas”.
Los funcionarios coludidos son de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de la Contraloría General de la CDMX; los institutos para la Seguridad de las Construcciones (ISC) y de Verificación Administrativa (Invea), y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot).
Ricardo Guerrero, uno de los afectados, precisó que la alcaldía BJ es la principal responsable de esta problemática.
“El documento de autorización de uso y ocupación, requerido de manera obligatoria para vender, escriturar y para inscribir ante el Registro Público de la Propiedad los departamentos de cada edificio nuevo, lo firma exclusivamente el Director de Obras o de Desarrollo Urbano de la alcaldía, por lo que la responsabilidad de lo ilegal es enteramente responsabilidad de la alcaldía Benito Juárez y de quien la encabeza”, apuntó.
Los activistas subrayaron que la corrupción inmobiliaria toca a los bancos, pues han otorgado créditos hipotecarios con avalúos falsificados. Esto, señalaron, les ha dejado “al menos 10 mil o 15 mil departamentos basura y proclives a dañarse o destruirse en sismos”.
Además, afirmaron que el contralor general de la CDMX, Juan José Serrano Mendoza, encubre la complicidad de los funcionarios de la alcaldía panista y de las dependencias capitalinas. Los activistas indicaron que tan sólo en la gestión de Taboada Cortina fueron permitidos 500 edificios ilegales.
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