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Los funcionarios son investigados por estar ligados a delitos y por obstruir la justicia; 18 casos ocurren cada mes en la alcaldía
Sadit Gabriel
Con el Partido Acción Nacional como principal operador político de la alcaldía Azcapotzalco, entre octubre de 2021 y julio de 2023, se han detectado hasta 415 empleados gubernamentales ligados a presuntos casos de obstrucción de la justicia o malos manejos, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General.
Tan solo durante los primeros 18 meses de Gobierno panista en Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa del sitio, vio cómo hasta 339 empleados en toda la demarcación eran denunciados ante la Secretaría de la Contraloría General por haber cometido presuntos ilícitos. De esa cifra, absolutamente todas las denuncias (339) devinieron en carpetas de investigación iniciadas contra tales burócratas, según detalló Gilberto Camacho Botello, director general de Coordinación de Órganos Internos de Control de Alcaldías.
En lo que respecta a la Fiscalía General de Justicia capitalina, Gerardo Mendoza Juárez, encargado de la Coordinación General de Investigación Territorial de la entidad en Azcapotzalco, también confirmó que entre enero de 2022 y julio de 2023, hubo un total de 76 carpetas de investigación iniciadas contra funcionarios de la zona por cometer presuntos delitos contra el adecuado desarrollo de la justicia.
En total, ambas dependencias dan cuenta de hasta 415 casos dentro de los cuales, diversas denuncias revelan probables manejos irregulares en la alcaldía gobernada por el PAN. De esta manera, cada mes se inician hasta 18.86 carpetas de investigación por situaciones atípicas supuestamente perpetradas desde todo tipo de oficinas gubernamentales en Azcapotzalco.
Además, respecto a los datos aportados por la Coordinación de Investigación Territorial en el área, se corrobora que Margarita Saldaña Hernández y los empleados del territorio tuvieron la mayor cantidad de carpetas de investigación iniciadas por obstrucción de la justicia desde 2017; los casos pasaron de los 37 (2017) a los 58 (2022), es decir, se elevaron en 56.76% con la alcaldesa panista.
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