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La CIDH ya tiene conocimiento
Mario López.
La falta de una investigación técnica y científica, por parte de la policía de Investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) provoca que la justicia en muchos de los casos sea deficiente e inadecuada, pero también en muchos casos simplemente es nula.
Así lo expresó José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defesa para una Vivienda Digna, A.C. y Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C., en su reciente participación en la audiencia temática ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) titulada: “La situación de las Personas Privadas de su Libertad en México”.
Resaltó que lo mismo sucede con la intervención de los Ministerios Públicos que por tener una carga de trabajo excesiva y otros factores, al integrar la carpeta de investigación adolece de investigación científica, aunado a ello la falta de una cadena de custodia rigurosa”.
“Cabe subrayar que la mayoría de las Personas Privadas de su Libertad de manera arbitraria, han manifestado haber sufrido amenazas y tortura, tratos crueles e inhumanos y aunque lo denuncien, reina la impunidad y son trasladados a prisión, violándoles el principio de inocencia. Hay ocasiones en que las denuncias de tortura han sido denunciadas a las Comisiones de Derechos Humanos que hay en cada una de las entidades federativas del país, pero no sólo no hay investigaciones o sanciones, sino que el personal se pone del lado de las autoridades agresoras y de las de la propia prisión para amenazar y dejar sin derechos (a la salud, educación, visitas, entre otros) a las personas víctimas de este drama estructural del sistema de justicia”, indicó.
El también ex preso de conciencia-político recordó que recientemente en la Fiscalía mexiquense, 1,181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por ciudadanos, tras haber cometido irregularidades administrativas y de investigación; “esta cifra aumenta año con año”.
Además, dijo, sumado a que no se aplican los Protocolos de Investigación, la violación a los derechos humanos, en suma, la fabricación de delitos y tortura para la obtención de falsos culpables sigue vigente en México, a pesar de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
En conclusión, destacó, las personas detenidas arbitrariamente, posteriormente son acusadas de un falso delito en flagrancia. Durante esta detención se fabrica un nuevo delito por el que se gira una orden de aprehensión. Al ser presentadas ante un juez, las personas son vinculadas a proceso y la Fiscalía les formula la prisión preventiva oficiosa. Ya en prisión, pueden estar años sin ser sentenciadas, y ese periodo de tiempo lo pueden vivir en condiciones que también son consideradas como tortura.
Finalmente, José Humbertus Pérez Espinoza, destacó que la prisión preventiva oficiosa, constituye una pena anticipada que rompe por completo con los estándares señalados por la Convención Americana para los Derechos Humanos, así como el proyecto de vida de las víctimas de fabricación de delitos y su familia, se les viola la convencionalidad.
