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Abraham Mendieta
La Suprema Corte de Justicia de la Nación solo necesita encontrar un buen pretexto para continuar anulando las leyes que democrática, legal y legítimamente está aprobando la mayoría parlamentaria de la Cuarta Transformación en el legislativo, pero como aún no lo ha encontrado, no le queda más que cambiar sus criterios jurídicos para anular hoy, lo que ayer permitían. En 2018, cuando la Suprema Corte debatía la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, decidió que aprobar una ley mediante el procedimiento de “dispensa de trámite” (regulado en los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados) no era motivo suficiente para declararla inconstitucional, y que había que analizar el contenido de la ley para invalidarla.
Sin embargo, hoy, en 2023, decide que el Plan B de la Reforma Electoral propuesto por Morena, que logró los votos suficientes para ser aprobado en la Cámara de Diputados, no es constitucional, precisamente por
tramitarse mediante “dispensa de trámite”, sin molestarse siquiera en analizar el contenido de la ley.
Lo que en 2018 era constitucional, hoy dice la Corte que ya no lo es. Argumentos jurídicos hay para todos los gustos, en contra y a favor de absolutamente cualquier cosa, y si en algo había sido especialista la Corte, al menos en los sexenios anteriores al de Lopez Obrador, es en lavarse las manos para no resolver durante años asuntos espinosos que les pudieran generar fricciones con el Ejecutivo Federal.
Y es que los argumentos son tan flexibles como los principios de los ministros de la Suprema Corta, esa élite de juristas privilegiados y completamente alejados del pueblo de México, que agarraron la bandera
de salvadores de una Patria que ni los quiere ni los necesita, ahora que en los partidos de oposición tiraron la toalla, y prefieren encadenarse a una silla antes que debatir seriamente. El poder judicial ya no tiene remedio: a los jueces con Lamborginis, se sumaron los magistrados electorales, y acabaron contagiando a esos ministros que se sienten dueños de las leyes y de una Constitución que debería ser propiedad exclusiva del pueblo de México.
Si algo hemos aprendido en las luchas sociales, es que solo el pueblo salva al pueblo, por ello no hay de otra: Plan C. Ganar en las urnas y en las calles lo que un pequeño grupito se quiere agandallar a la mala.
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