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Acusan de falta de estrategias en cárceles del Edomex, pues de intervenir en riñas, custodios podrían ser acusados de cómplices por un delito
Norma Vázquez
Con 34 mil 475 Personas Privadas de su Libertad (PPL), que significa sobrepoblación en los 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México, incluyendo el de Adolescentes, hay hacinamiento, problemas de salud pública, falta de medicamentos para atender a los internos y, en muchos de los casos, abusos de las autoridades penitenciarias, violando de manera flagrante los derechos humanos.
Es un espacio donde prevalece la corrupción y las autoridades penitenciarias están más que rebasadas, pues existe la complicidad con los distintos esquemas de gobierno en la entidad, todo empieza desde que se tiene el contacto directo con las PPL y hasta el propio secretario de Seguridad, sin dejar de lado la responsabilidad que conlleva el gobernador. Así lo manifestó Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, al señalar que no son solo los directores de los penales quienes tienen el control, pues también hay responsabilidad de esos custodios que permiten todo este tipo de prácticas y situaciones.
Por ejemplo, dijo, si se suscita una riña y hay heridos o muertos, no hay responsabilidad ni intervienen los custodios, ya que las autoridades son testigos de estas situaciones y son cómplices. En el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, se inició el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II Ter, delito por autoridad penitenciaria, delito por la integridad y la vida corporal del Código Penal del Estado de México, que presentó el diputado Ariel Juárez a nombre del Grupo Parlamentario de
Morena, con el fin de fincar responsabilidades a las autoridades penitenciarias.
El legislador Juárez Rodríguez detalló que el objetivo de la iniciativa de reforma al Código Penal busca hacer valer lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones V y VII del artículo 20, en materia de garantizar la integridad física de las PPL y el respeto a los derechos humanos, buscando eliminar los abusos de las autoridades.
