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Las reformas electorales que comenzarán a discutirse a partir del 1º. de febrero, representan literalmente la vida o muerte del Instituto Nacional Electoral
Enrique Sánchez Márquez
Las reformas electorales que comenzarán a discutirse a partir del 1º. de febrero en el Congreso de la Unión, mejor conocido como Plan “B”, representan literalmente la vida o muerte del Instituto Nacional Electoral (INE) y en un intento de no ser tocado amaga con las elecciones y prepara impugnaciones.
Advierte que con los cambios propuestos se compromete el pleno respeto al sufragio, no habría seguridad que los paquetes pudieran llegar la misma noche de los procesos y menos la oportunidad del conteo de votos, en aquellos casos complicados.
Un documento- informe en posesión de Diario Basta! que el consejo general del Instituto Nacional Electoral, entregó hace unas horas, habla del gigantesco riesgo de las afectaciones que generará la entrada en vigor de su nueva normatividad.
Los debates iniciarán a partir del 1º. de febrero y son la continuación de los trabajos que iniciaron el pasado 15 de diciembre de 2022, ante la ausencia de una deliberación informada sobre su contenido, la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente.
Con frecuencia, cita el documento, los cambios en marcha implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas, con el riesgo de verse lesionadas la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y el conteo escrupuloso de votos.
Se verían afectados los avances contra la violencia política de las mujeres, la fiscalización de los ingresos, las obligaciones de los partidos políticos y la protección de los datos personales, entre otros efectos negativos, entre otras muchas consecuencias negativas.
NO NOS CONSULTARON
En la condición de auto victimizarse, agrega el documento, el INE no fue consultado por el Legislativo durante el procesamiento de las iniciativas cuyo contenido se conoció el mismo 6 de diciembre anterior.
Con los cambios propuestos en la iniciativa de ley, desaparecerían 300 cuerpos ejecutivos colegiados para que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa).
Asimismo, se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que de cinco vocalías, pasarían a tres, recortando 262 plazas, 96 de las cuales pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
