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Alejandro Armenta Mier
Cada día es más común aplicar calificativos sobre el acceso a la energía para nuestras actividades esenciales, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde el acceso a este bien se torna más difícil; algunos países avanzan a pasos agigantados en este rubro, mientras que otros se rezagan.
La soberanía energética es el derecho de una comunidad a dirigir y gestionar su política energética, es decir, planificar la explotación de los recursos de la manera más eficiente, respaldada por un análisis que considere los beneficios sociales y medioambientales.
Existe una crisis energética global – carbón, gas y petróleo – que afecta a los consumidores debido a los precios estratosféricos y, es probable que
esto contribuya a la aceleración de la transición energética, la cual es necesaria ante el colapso climático que enfrentamos.
La soberanía energética no sólo replantea la forma de producción, sino que busca reconfigurar la escala, propiedad, uso y gestión de la energía, teniendo en cuenta la importancia de considerarla un bien común.
Es importante que en el quehacer político se contribuya a fortalecerla a fin de garantizar la accesibilidad a ella, cuidando las reservas y el flujo para satisfacer la demanda actual y futura.
Por ello, presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos para promover la sustitución de importaciones asiáticas en subproductos relacionados a la petroquímica; de esa manera se refuerza la soberanía que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.
