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Al momento, cuenta con 30 mil elementos y es dirigido por José Luis Guzmán, a quien pocos ubican
Redacción Grupo Cantón
El autodenominado Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que fue creado cuando Enrique Peña Nieto gobernó la entidad mexiquense (2005-2011), se autodenominó como de índole privada, pero está adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
Aún recibe millones de pesos por labores de protección a órganos privados y públicos. En 2022, la Secretaría de Finanzas mexiquense pagó a CUSAEM 510 millones de pesos para la seguridad y vigilancia de los elementos de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial de Toluca.
Según los contratos de los últimos dos años, que curiosamente son por adjudicación directa para saltarse revisiones de protocolo, el director que firma por CUSAEM es José Luis Guzmán Martínez, quien no aparece en el directorio de la SSEM ni en la nómina de funcionarios mexiquenses.
La fuerza de CUSAEM se estima en 30 mil elementos, casi la mitad no tiene seguridad social, pero igual debe al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) más de mil 400 millones de pesos, sin mencionar que no paga impuestos.
UN ‘MINI-EJÉRCITO’
Las armas que utiliza CUSAEM presuntamente tienen licencia colectiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que le facilita que la compañía trabaje en otros estados de la República, como si fuera un “mini-ejército”, pues así le llamaban en los tiempos del gobernador Peña Nieto.
Los elementos de CUSAEM tienen quejas ante la CNDH y la Fiscalía General del Estado, que han hecho recomendaciones en 2022 sobre los malos tratos debido a su violencia injustificada. Por los hechos, CUSAEM está más cerca de ser un cuerpo de mercenarios, pues en su regulación inicial indicó ser una
organización privada para trabajar de acuerdo con los intereses económicos. Cabe resaltar que los cuerpos de mercenarios están prohibidos en todo el mundo de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1949, por considerarlos como combatientes ilegales. Aunque aprovechan lagunas jurídicas sobreviviendo como empresas o compañías privadas que hacen de guardaespaldas, escoltas e incluso capacitan a otras defensas armadas.
La CUSAEM se maneja en la completa opacidad al no poder consultar su información vía transparencia o auditorías institucionales, ya que permanece en un limbo jurídico dónde ahora asegura que la organización no es ni pública ni privada.
