36 lecturas
Salvador Guerrero Chiprés
Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba la capital nacional, su programa de apoyo al adulto mayor, iniciado en 2003, fue recibido con la crítica feroz de la oposición.
Se repudiaba a gobiernos que, desde el punto de vista de la derecha o democracia cristiana y del PRI, no deberían aparecerse para ayudar a los más desfavorecidos, salvo riesgo de mantener la pobreza permanente por los subsidios implícitos.
Todos lo imitaron después. También quisieron copiar la estrategia de acercamiento con la ciudadanía.
De 600 pesos mensuales a 385 mil personas de la capital nacional el gobierno, ahora de Morena, pasó a un respaldo de 2400 mensuales y que beneficiará en este 2023 a 10.5 millones de personas.
Contar con una pensión permite empoderamiento y dignidad a través de la administración de un sustento primario autónomo, es un reconocimiento e implica cierto margen de certidumbre económica.
Durante la entrega de Tarjetas de Bienestar a derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en las alcaldías de la capital nacional el vínculo entre los adultos mayores y su derecho ha sustituido al del nexo entre un líder social comprometido y su audiencia privilegiada.
Para 2024, ya está comprometido otro incremento
de 25 por ciento. Este proceso ha sido potencializado desde la Ciudad de México, donde se inició y desde donde ayer, al entregar tarjetas junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, así como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se subrayó la ausencia de intermediarismo clientelar, plataforma de la manipulación característica del PRI.
Veinte años de una tarjeta aprobatoria de compromiso social que es evidencia de acceso a derechos sin intermediarios.
