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Antonio Attolini Murra
A las 06:30 horas de la mañana del 5 de enero detuvieron en el poblado de Jesús María en Culiacán, Sinaloa a Ovidio “N”, cabecilla del Cartel del PacÍfico, quien fue inmediatamente trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. La violencia desatada en Culiacán es derivada de este operativo: los narcobloqueos, la toma del aeropuerto y los saqueos.
Nada menor y con consecuencias graves para la gobernabilidad de la ciudad y la tranquilidad de las personas. Esos son los hechos. Sin embargo, no habían pasado ni dos horas y la prensa corporativa y sus voceros ya tenían todas las respuestas: se fortalece el Cártel Jalisco Nueva Generación, es un regalo para Biden, incluso, le llamaron “El Culiacanazo 2.0”.
No ayudan en nada a entender y a conocer más allá de lo evidente porque están obsesionados con hacer quedar mal al presidente y ya. No aspiran a nada más. El único académico que leí posicionarse de manera seria fue Carlos Pérez Ricart, quien presentó dudas, reflexiones y amplió el margen de lo posible al hablar de los movimientos perceptibles al interior de la DO: “La detención de Ovidio Guzmán se da en el contexto de debilidad de los Chapitos.
La situación en Culiacán (y en Sinaloa, Sonora y Chihuahua) es muy distinta que hace dos años; es posible que la resistencia sea menor.” Ni tenemos claridad total de cómo se habrá de reestructurar la delincuencia organizada, como tampoco podemos decir que lo sucedido ayer sea lo mismo que pasó en octubre de 2019. En ambos casos, prevaleció el interés superior de la población: evitando una masacre, en la primera; deteniendo a un líder de un
grupo criminal detonador de violencia.
