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Ana María Vázquez
Un “activista social” que está emplazado por el SAT a pagar alrededor de 16.8 millones evadidos desde 2014, fecha de su rompimiento con Enrique Peña, quien fuera el gran benefactor de su padre. Un “activista social” que está al frente de un golpeteo mediático y social que supera los 7 millones de pesos semanales.
Un “activista social” que declara que “el presidente le falla al pueblo al no abatir los índices de pobreza e inseguridad del país.
Con sus múltiples frentes “sociales”, este empresario líder de la Coparmex y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; cofundador
y ex presidente de Fundación Televisa y presidente de Kimberly-Clark de México, este millonario “activista social”, sin aparente voz propia, ya que se dedica a manifestarse a través de las opiniones de sus favoritos, de subirse a las conferencias de prensa en el Senado para “defender al INE”, pero que a
la vez ha sido de los más beneficiados en sexenios anteriores por la condonación de impuestos, no
ha parado de presentar controversias, amparos y recursos para evitar ser requerido por el SAT.
Si se hace una multiplicación simple de las cifras arrojadas al golpeteo, arroja la brutal cantidad de 364 millones por año, lo que se ha tirado a la basura en golpeteo político y mediático hacia el Presidente López Obrador; eso, por supuesto sin contar con los interminables amparos que se han presentado a cada proyecto de nación como el Tren Maya, el AIFA y otros muchos.
Según la lista de los 100 empresarios más ricos del país, en 2020, el puesto número 25 le pertenecía y, aunque dudo mucho que el financiamiento de
su “activismo social” salga de su propio bolsillo y
es más que claro que muchos de los 100 enlistados estén detrás del financiamiento, así como intereses creados principalmente en España y Estados Unidos, lo cierto es que Claudio X. tiene con qué y de sobra para pagar los impuestos que le requiere
el fisco, pero que, acostumbrados al viejo régimen donde eran intocables y eventualmente tendrá que hacer lo que Ricardo Salinas en octubre, aceptar
la resolución de la Suprema Corte y pagar lo que le es requerido.
Se contradice el “activista social” al negar su activismo político tanto en los hechos como en los dichos, pues el activismo por sí mismo es una estrategia política.
