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Sebastián Ramírez Mendoza
Hace unos días, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, exdelegado de la Alcaldía Benito Juárez. Ante tal escenario, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados capitalina habría sido acusado por los delitos de asociación delictuosa y uso legal de atribuciones como servidor público.
Los panistas no tardaron en salir en su defensa, y aunque era de esperarse, llama la atención el respaldo de la diputada Margarita Zavala, pues hace apenas 4 años llamaba corruptos al grupúsculo de panistas que toda la vida ha lucrado con la Benito Juárez, y al que pertenece Von Roehrich.
Por su parte, el actual alcalde Santiago Taboada argumentó que estamos ante un caso de persecución política; sin embargo, no podemos perder de vista que la fiscalía busca al exdelegado por haber contratado servicios destinados a la reconstrucción tras el sismo del 2017 a dos empresas fantasma, y lo más grave: que los servicios equivalentes a cerca de 200 millones de pesos, nunca se realizaron.
Ante esto, planteé hace unos días una pregunta muy simple, ¿no era más sencillo que Taboada, desde
su posición de alcalde y con acceso a todos los documentos, solicitara que desmintieran ese señalamiento?
Desafortunadamente, los panistas perdieron la oportunidad de enfrentar este proceso con la seriedad que merece y prefirieron la politiquería.
Aunque aún se desconoce el paradero de Von Roehrich, la actuación de la Fiscalía y del Gobierno de la Ciudad, en este caso, nos demuestra que se acabó la impunidad y la corrupción del PAN; las víctimas finalmente tendrán justicia.
