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Abraham Mendieta
Con la herida aún fresca por el rechazo legislativo a la popular propuesta de reforma eléctrica, que les costó el apodo de traidores a la patria a lo largo y ancho de todo el país, y pagando todavía las consecuencias de esa fragmentación interna que posibilitó la reforma de Guardia Nacional, la oposición se enfrenta esta semana a un nuevo reto: la Reforma Electoral.
Gracias a la poca pericia política del INE, que encargó una encuesta para preguntar a la ciudadanía su opinión sobre los aspectos prioritarios de esta reforma constitucional, sabemos que la mayoría de los mexicanos y mexicanas están a favor de la elección democrática de consejeras y consejeros, de que el INE se transforme en INEC, y sobre todo, de que se reduzca la financiación a los partidos políticos.
La oposición ya se alzó en bloque para afirmar que bloquearán esta propuesta, bajo el argumento de proteger al INE y a sus onerosos privilegios, pero todos sospechamos que el motivo que los llevó a ser tampoco dialogantes en este tema es el
de seguir oponiéndose a todas las reformas impulsadas por el Presidente de la República.
Algo muy poco coherente, porque la mayoría de los cambios que sintetiza el dictamen que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, habían sido solicitados en diversas iniciativas, a lo largo de los últimos 20 años, por los distintos partidos que hoy están en la oposición.
Queda claro, tras la muestra de fuerza del presidente López Obrador en su marcha por la Ciudad de México, que esta vez no será necesario un clima de movilización permanente como el que permeó en la Reforma Eléctrica.
Sin embargo, eso no quiere decir que las consecuencias políticas para la oposición sean menores: difícilmente lograrán explicarle
al pueblo que están en contra de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, algo con lo que coincidimos más del 90 % de los ciudadanos.
