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Respalda Jefa Claudia Sheinbaum exhorto a ministros para que se respete el Artículo 19 Constitucional
Juan R. Hernández.
Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución.
A través de su cuenta de Twitter, la Jefa Claudia Sheinbaum respaldó el exhorto a la SCJN para que se haga “respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos”.
Cabe señalar que en la misiva compartida en redes sociales, los mandatarios del partido guinda aseguraron que en el país hay una disminución de la incidencia delictiva que va de la mano con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
“El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”, se lee en el documento.
Asimismo, citaron el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se destaca que no es una atribución que le corresponda a la SCJN hacer reformas a la Carta Magna.
“Tal y como lo reconocen algunos ministros, integrantes de la Suprema Corte no tienen la facultad para redactar o reformar la Constitución, mucho menos cuando el Artículo 19 en cuestión no fue impugnado por la comisión de los derechos humanos ni por nadie en su momento de decreto ni en los tiempos que prevé la ley para tal efecto (sic)”.
Aseveraron que con base en estos argumentos constitucionales, que la prisión preventiva oficiosa debe permanecer.
Cabe destacar que Los ministros de la SCJN aplazaron hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos de carácter electoral.
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