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Ana María Vázquez
No se acaban los problemas para el INE, luego de
que en redes se alzaran las voces exigiendo el alto a
la censura que este órgano y el Tribunal Electoral (TEPJF) han impuesto mediante sanciones arbitrarias a ciudadanos que osan expresar su
opinión en redes sociales, y que en días pasados,
un estudiante de la UNAM, Alejandro Torres, lo increpara duramente luego de su conferencia sobre
la “Evolución y desafíos de la democracia mexicana”, señalándole su carácter racista y clasista, ya que aún se recuerda la burla con la que Córdova se refirió a líderes indígenas que pidieron audiencia con él; el gran jefe de la comunidad chichimeca para ser más exactos.
Cabe resaltar sus palabras cuando declaraba que México es una verdadera democracia, sin embargo, días antes se había deslindado de las acusaciones abiertas que le hicieron en redes por la “cacería
de brujas” contra voces de la izquierda. De ello,
dijo: es responsable el TEPJF y tanto él como Ciro Murayama se lavaron las manos, cuando se supone que las quejas pasan primero por el INE que las evalúa para después enviarlas al tribunal. El que debería ser el máximo garante de pulcritud y democracia no es sino un bastión de elementos que reciben dinero a manos llenas aún en periodos no electorales y que gozan de bonos “hasta para su boda”. No olvidar el caso de Jorge Lavoignet, preso en el Reclusorio Oriente y en espera de sentencia luego de que dos ex empleadas de este instituto y ante Lorenzo Córdova, hicieran una denuncia por hostigamiento sexual y laboral.
El exfuncionario cobraba favores sexuales a
sus subordinadas por renovarles los contratos temporales y aprovechaba cualquier pretexto para realizar tocamientos íntimos a las mismas. Cuando la situación llegó a la oficina de Lorenzo Córdova, no recibieron algún tipo de empatía, a las dos jóvenes se les indicó lo mismo: “Hagan la denuncia formal”.
El INE cuenta con un protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual que en ningún momento fue atendido por el consejero secretario ante la denuncia de dos mujeres que temían perder su puesto temporal de trabajo o que se les negara la tan anhelada “base”, sin embargo, ese mismo protocolo fue usado arbitrariamente con ciudadanos al acusarlos de Violencia Política de Género e imponer sanciones que no solamente son económicas, sino tan excesivas como la inserción de sus datos en el Registro Nacional de violentadores de género.
