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Ana María Vázquez
Fue en 1995 cuando se escuchó por primera vez la palabra militarización, cuando Zedillo enfrentó
al EZLN en Chiapas; Fox la mantuvo y Calderón, siguiendo las órdenes de Estados Unidos y su propio afán de pasar a la historia como el gran comandante, creó la guerra contra el narco, en una complicidad abierta con el crimen organizado y por supuesto con EU como está perfectamente documentado, una etapa a la que ahora se le llama el sexenio oscuro, casi en alusión al libro de Olga Wornat.
Desde ese entonces, el Ejército se fue corrompiendo, aliando con el narco, organizando masacres, violaciones y desapariciones a grado tal que la población civil prefería darles la vuelta, esconderse o en último caso, cooperar con ellos para salvaguardar su integridad y su vida.
Con la entrada del Presidente AMLO, el Ejército sufrió una transformación, en sus palabras las Fuerzas Amadas estarían temporalmente para controlar al crimen organizado y ayudar a la población, se crea la Guardia Nacional y poco a poco, con hechos, las acciones castrenses demostraron que dichos elementos serían el punto de cambio, apoyo y sustento a la población.
Recientemente, AMLO informó que seguirían las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional no volvería a los cuarteles, contrario a lo anunciado entre 2018 y 2019, permanecerán coadyuvando como hasta ahora en vez de replegarse y permanecer, como se había prometido, en los lugares que constitucionalmente corresponderían.
No tardaron las voces de ultraderecha en acusar
de militarización el acto del Primer Mandatario, los medios contrarios al gobierno dedicaron muchas horas al análisis de la declaración presidencial, pero todos, sin discusión, apuntaban a un gobierno militarizado en el que el Presidente se quería perpetuar.
Si bien poco a poco la Guardia Nacional ha adquirido un poder nunca antes visto, que se han vuelto custodios de los principales proyectos presidenciales como el AIFA y últimamente el
Tren Maya, también es cierto que en sexenios anteriores, el país se enfrentó a la voracidad de políticos, empresarios e industriales en dilapidar
y comprometer hasta por 100 años los recursos de
la nación en su beneficio, la única alternativa de mantener la integridad de los mencionados proyectos era que el Ejército la salvaguardara.