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Salvador Guerrero Chiprés
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, experto en actividad insurgente, diestro en habilidades políticas, copartícipe de un ideario de izquierda en acción, ha planteado un desafío ejemplar: dialogar con los generadores de violencia de su país.
Lo conocí en 2014, cuando era alcalde de Bogotá. Hoy, su país se mantiene como el principal productor y exportador de cocaína del mundo y también la nación del continente con mayor presencia insurgente.
Algunos analistas, que han dado por bueno su intento de diálogo con los generadores de violencias armadas al grado de anticipar su éxito, se precipitan a comentar que el problema será para los organismos delictivos mexicanos que perderán a un proveedor de cocaína.
El esfuerzo que se plantea Petro es descomunal. Si eligiera, dentro de su agenda de izquierda disminuir la desigualdad en Colombia, con racismo y clasismo muy probablemente mayor al que se registra en nuestro país, en especial si observamos la ausencia marcada de afrodescendientes en amplias zonas de Bogotá y en las estructuras directivas empresariales y de partidos, ya tendría un reto considerable.
La tarea de desplazar la violencia, después de las experiencias regularmente exitosas que suponen el perdón a victimarios por parte de familiares de víctimas en los últimos 20 años, es tan grande como aquel país y sus complejidades.
Nuestras agendas latinoamericanas se dirigen a la atención de las causas de la desigualdad, como ha demostrado el Presidente Andrés Manuel López Obrador mediante los programas sociales o con
la innovación asociada a derechos como impulsa en la capital nacional la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Hay convergencia de tareas que se corresponde con un entusiasmo merecedor de respaldo y la mejor de las suertes.
