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Juan Hernández
Luego de la aclaración que se realizó sobre el tercer peritaje de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), los primeros en salir a deslindarse fueron Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad, quienes negaron ser parte de una conspiración “con empleados de la empresa noruega DNV —encargada del peritaje de la Línea 12 del Metro— y otros
actores partidistas para perjudicar a su gobierno”.
La empresa noruega publicó un comunicado en donde señala que “el Sr. Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019. No es el representante legal de DNV en México.
No tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión sobre los informes…”. Hasta ahí todo bien, pero la duda es: ¿Se vale que DNV ordene una investigación para saber qué empleado
o área de su empresa presuntamente habría violado el acuerdo de confidencialidad al “filtrar” el informe a un medio español? ¿No fueron ellos, entonces quién fue? ¿En qué momento se perdió la confidencialidad? ¿Cuántos empleados o directivos tenían acceso a ella? Es duda…
