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El CERESO en Acapulco en alerta por posibles traslados “involuntarios”. Sobre ello, solicita la CNDHno vulnerar garantías de las personas en prisión.
Por Ana Cecilia García/Diario Basta
Estar en una prisión, no es fácil. Culpable o no, los tratos son los mismos, golpes, extorsiones. Por ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también consideró que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación a la garantía a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad.
Esto porque además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a las personas de sus lugares de origen.
Respeto y cumplimiento de derechos, para personas en prisión
Y es que, tras los hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) en Acapulco, Guerrero, este organismo solicitó intervinientes en los posibles traslados de personas privadas de la libertad.
A efecto de que, toda medida que ello conlleve se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior.
Violación del derecho
Llevar a los prisioneros de un lugar a otro, es de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio.
Agrega que el Estado tiene el deber de garantizar que la persona sujeta a prisión tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, sobre todo si se toma en cuenta que el derecho penal parte del principio de presunción de inocencia. Por otra parte, tratándose de las personas sentenciadas, el contacto con su familia y con su núcleo social es fundamental para alcanzar el fin de la pena, que es la reinserción social.
De lo que se trata es buscar que la población penitenciaria sujeta a proceso, lleve a cabo una revisión periódica de los procesos judiciales abiertos, con objeto de verificar que, su tramitación se realice con la debida diligencia. También es necesario que la tramitación y concesión de los beneficios de libertad se hagan puntualmente, ya que el rezago redunda en un incremento de la población en los centros de reclusión.
