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Salvador Guerrero Chiprés
Durante dos años de pandemia, realizamos actividades cotidianas con esquemas crecientemente digitales sin que alcanzáramos a advertir cómo a ellos se infiltraban prácticas ilegítimas y hasta delincuenciales.
Específicamente vulnerable ha quedado la protección de nuestros datos personales.
Dos condiciones destacan de entre las que explican ese riesgo: la facilidad con la que los usuarios proporcionan su información privada -90% de quienes tienen redes sociales revelan su nombre y apellido-, y las apps ofertadas en infinita variedad. Algunas de ellas exigen acceso a contactos, fotos y otros contenidos del dispositivo móvil en que serán descargadas.
Asumamos que implementar la ciberseguridad ya es parte de la vida diaria. La práctica de proteger la información digital y dispositivos debe acentuarse especialmente cuando es más
necesario cuidar nuestro patrimonio.
Impulsar la conexión a internet como un derecho es labor de las autoridades. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, implementó puntos de conectividad
wifi gratuitos que la ubican como la urbe mejor conectada del mundo. Eso es una buena noticia.
En esa ampliada accesibilidad, proteger la información es tarea en la que deben participar instituciones y una ciudadanía cada vez más informada.
En contraste con el anuncio del Congreso de la CDMX de 119 sistemas de protección de datos personales, del lado de los depredadores, por ejemplo, ahora es más común la operación de los data brokers. Son empresas que recopilan y ofrecen a la venta ilegalmente datos personales en diferentes plataformas para venderlos a terceros.
