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Ayer, el presidente Obrador respaldó las reformas al Código Penal de Tabasco (la llamada “Ley Garrote”). De habérsele aplicado tal legislación en 2006, habría ido a prisión hasta por 5 años, por el bloqueo de avenida Paseo de la Reforma.
Quizás más tiempo de cárcel, porque en aquel plantón de más de 50 días participaron niños, y jóvenes menores de edad. Un agravante.
La llamada “Ley Garrote” contempla una pena de prisión de hasta 5 años por el cierre de calles, carreteras y avenidas.
Pero no sólo a López Obrador le hubiera tocado tal castigo. También a tres de los cuatro funcionarios que le acompañaron ayer en su conferencia: Marcelo Ebrard, Horacio Duarte y Francisco Garduño. Muy activos en aquella toma de Reforma.
Cierto, el bloqueo de esa principalísima avenida de la Ciudad de México en 2006 tenía una causa de lucha social: el fraude electoral contra López Obrador.
El problema de la “Ley Garrote” es por su discrecionalidad. No hace diferencia entre un bloqueo de calles, avenidas, carreteras, cuando existe una causa social, de cuando no la existe. ¿Cómo saber si se hace un plantón con dolo con tal de afectar a terceros? Indefinición grave: esta Ley podría limitar las libertades y atentar contra los derechos humanos.
Tan es así, que hoy el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que van a revisar la “Ley Garrote”, para evitar que se limiten derechos de manifestación y expresión.
López Obrador no debería permitir que se criminalicen los plantones que promovió y encabezó. No. Debe reflexionar y retirar su respaldo político y moral a esa “Ley Garrote”. De todas formas, la Suprema Corte se las va a echar abajo. Lo veremos.
